La decisión ya tomada por los gobiernos de varias Comunidades Autónomas en España de reducir el número de los Centros de Profesores, cerrando muchos de ellos, cuyo objetivo principal ha venido siendo el de la formación permanente y la actualización pedagógica del profesorado, no parece lógico, salvo que se apliquen criterios de rentabilidad económica, lo que hablando de educación parece claramente un criterio muy discutible.
Los Centros de Profesores (CePs) también identificados con otras denominaciones como los CFIEs o CAPs, se han dedicado desde hace muchos años a dar respuesta a la demanda formativa del profesorado en ejercicio. Esto se concreta en iniciativas como organizar cursos, seminarios y jornadas; dinamizar actividades socioeducativas; asesorar al profesorado sobre formación educativa; incentivar el uso de recursos educativos con materiales de apoyo para los centros; o asesorar a los equipos de profesores sobre proyectos europeos, entre otras funciones.
En el caso de las Comunidades de Castilla y León o Madrid, en ningún momento parece haberse tenido en cuenta la opinión de los principales damnificados por la medida, los propios profesores, que han sido excluidos del diseño de su propia formación. En muchos casos los profesores se quedan desatendidos a más de cien kilómetros de las ciudades con CFIEs, y con muy pocas alternativas y alicientes de formación. Una ventaja de estos centros ha sido siempre su cercanía y accesibilidad.
La nueva propuesta de los gobernantes pasa por una mayor presencia de la formación online, obviando que en muchos casos la formación no puede basarse exclusivamente en el uso de las nuevas tecnologías, o al menos no como opción única en la práctica. Se trata de centros que llevan 25 años funcionando con una trayectoria positiva y cuya desaparición comenzó en el año 2002, en el caso de Castilla y León. Esta dinámica se justifica en términos de "modernización de la formación".
La actualización del profesorado, basada en recortes de gasto, buscando la rentabilidad económica y no la social, que en este caso implica limitar o suprimir en buena medida el contacto directo de los docentes con coordinadores, formadores o colegas, supone una visión empobrecedora de la labor docente. Si además se hace, sin consultar con los propios profesores, hablamos de medidas impuestas, lo que en un ámbito como el educativo resulta claramente negativo.
La necesaria mejora de la educación que sin duda debe hacerse buscando resultados en cuanto a fiabilidad y eficacia, no debe aplicarse de manera impositiva y con criterios empresariales, buscando ahorro de costes, ya que la educación es un servicio público, que debe ser especialmente bien tratado por los responsables políticos.
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